Marruecos sufre varios reveses en el conflicto del Sáhara Occidental

El conflicto del Sáhara Occidental no ha registrado, un año más,
ningún avance hacia un acuerdo entre Marruecos y los independentistas
saharauis del Frente Polisario, pero Rabat sí ha cosechado el pasado
otoño una retahíla de reveses diplomáticos.

Entre los infortunios de Marruecos figura la petición del Parlamento
Europeo, aprobada en el pleno el 13 de diciembre, en la que solicita,
por primera vez, a Rabat "que sean liberados todos los presos
políticos saharauis" además de expresar su preocupación por "el
deterioro de los derechos humanos". La resolución exige también que
puedan acceder a esa antigua colonia española las ONG y la prensa.

La ONG ARSO, afín al Polisario, asegura que los presos políticos
saharauis son, a día de hoy, 56 de los que 23 están en la cárcel de
Salé pendientes de juicio desde que las fuerzas de seguridad
marroquíes desmantelaron el campamento de protesta saharaui de Gdeim
Izik, en las afueras de El Aaiún.

Rabat no les reconoce carácter político y recuerda que, por ejemplo,
en la operación de desmantelamiento, en noviembre de 2010, murieron 11
agentes de sus fuerzas de seguridad a manos de los acampados. También
resultaron muertos dos saharauis en El Aaiún.

La enmienda sobre el Sáhara introducida por 96 eurodiputados en el
informe anual sobre derechos humanos –en el texto original no se
mencionaba el territorio- dio pie también para que la Eurocámara
nombrase, por primera vez, a un relator para los derechos humanos en
la antigua colonia.

El relator es el parlamentario conservador británico Charles Tannock
conocido por sus colegas españoles como el gran valedor de los
gibraltareños acosados, según él, por las medidas restrictivas
impuestas por las autoridades españolas.

Si el Polisario celebra estas iniciativas de la Eurocámara, Rabat
está, en cambio, inquieto y lamenta oficiosamente que la resolución no
se haga eco de los atropellos que, según los marroquíes, se producen
en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (suroeste de
Argelia).

Marruecos guarda un mal recuerdo del desplazamiento que hizo, en
septiembre, otro relator, el de la ONU, al Sáhara. Juan Méndez acudió
allí invitado por el Gobierno marroquí y también visitó a presos en
cárceles como la de Salé. Un mes después Méndez declaró en Nueva York:
"Cada vez que se trata de seguridad nacional hay una tendencia a
recurrir a la tortura en los interrogatorios. Es difícil decir si está
muy generalizada o si es sistemática, pero sucede con bastante
frecuencia como para que el Gobierno marroquí no pueda ignorarla".

Después de Méndez fue Christopher Ross, el enviado personal del
secretario general de la ONU para el Sáhara, él que viajó en octubre a
Marruecos y al territorio en litigio donde, por primera vez, se reunió
con independentistas saharauis. Cinco meses antes Rabat había
expresado su rechazo de la "mediación sesgada" de Ross a favor del
Polisario, pero una llamada de Ban Ki-moon al rey Mohamed VI le incitó
a rectificar. A su paso por Rabat, en junio de 2012, el ministro
español de Exteriores, José Manuel García- Margallo, dio, en parte, la
razón a Marruecos frente a Ross.

El penúltimo revés del año fue, hace un mes, la aprobación por el
Parlamento sueco de una resolución instando a su Gobierno a reconocer
plenamente la República Árabe Saharaui Democrática, la entidad creada
por el Polisario con la que ningún país europeo mantiene relaciones
diplomáticas. Anders Jörle, el portavoz del Ejecutivo sueco, apenas
tardó unas horas en asegurar que no daría ese paso.

Ahora los amigos del Polisario trabajan para que otros tres
parlamentos europeos (Irlanda, Dinamarca y Noruega) tomen iniciativas
similares.

Al líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, el reconocimiento, en
diciembre, por la Asamblea General de la ONU, de Palestina como Estado
no miembro le hace soñar. En una entrevista con la televisión vía
satélite argelina Echrouk explicó que los "esfuerzos [de su
movimiento] deben desembocar en una presencia habitual de la RASD en
la ONU".

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/01/actualidad/1357042811_436132.html